El Día Internacional de la Protección de Datos Personales: Un llamado de alerta.

Cada 28 de enero, el mundo conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha que adquiere especial relevancia en Chile, donde el uso de la información personal en redes sociales y su manipulación con fines políticos y económicos por parte de la élite empresarial y política generan crecientes inquietudes. En un país en el que el acceso a la tecnología es masivo, pero la educación digital y la regulación en materia de protección de datos son insuficientes, la sociedad chilena enfrenta serios desafíos.

Redes sociales: el nuevo campo de batalla de los datos.

En Chile, plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en espacios fundamentales para la interacción social, el acceso a información y la formación de opiniones. Sin embargo, también se han transformado en herramientas de recolección masiva de datos personales. Fotografías, ubicaciones, preferencias políticas y hábitos de consumo son solo algunos de los datos que estas plataformas almacenan, muchas veces sin el conocimiento pleno de los usuarios.

Lo preocupante es que esta información no solo se utiliza para fines comerciales, como personalizar anuncios, sino también para influir en procesos democráticos. Ejemplos como el escándalo de Cambridge Analytica en Estados Unidos muestran cómo los datos personales pueden ser manipulados para dirigir campañas políticas segmentadas, y aunque en Chile no ha habido casos de esta magnitud, las estrategias políticas basadas en la microsegmentación ya son una realidad.

La élite empresarial y política: beneficiarios silenciosos.

La concentración de poder en Chile no solo se refleja en la economía, sino también en el control de la información. Grandes conglomerados empresariales y partidos políticos han adoptado técnicas avanzadas de Big Data para influir en las decisiones de la ciudadanía. Campañas políticas financiadas por corporaciones, mensajes dirigidos a través de WhatsApp y estrategias de desinformación se suman a un panorama alarmante en el que los intereses de unos pocos parecen prevalecer sobre el bien común.

Por ejemplo, durante las elecciones y el debate constitucional, surgieron denuncias sobre el uso de redes sociales para difundir noticias falsas y manipular las emociones de los votantes. Estas prácticas explotan los algoritmos que priorizan contenidos sensacionalistas, amplificando el alcance de mensajes engañosos.

En el contexto del debate constitucional y las recientes elecciones de 2024, la proliferación de fake news alcanzó niveles preocupantes. Se detectaron campañas coordinadas para desacreditar propuestas constitucionales mediante información falsa que apelaba al miedo y la incertidumbre de la población. Estas noticias, que iban desde afirmaciones infundadas sobre expropiaciones masivas hasta la tergiversación de derechos sociales, fueron ampliamente compartidas en grupos de WhatsApp y redes sociales, influyendo directamente en la opinión pública.

En las elecciones 2024, se evidenció cómo los partidos políticos recurrieron a estrategias de desinformación para debilitar a sus oponentes. Estas prácticas no solo polarizaron el debate político, sino que también dificultaron que la ciudadanía accediera a información objetiva para tomar decisiones informadas, debilitando así la calidad de la democracia.

Una sociedad vulnerable.

Pese a los avances tecnológicos, la sociedad chilena está poco preparada para enfrentar estas amenazas. Muchos usuarios desconocen cómo proteger su información personal, y el sistema educativo aún no aborda de manera integral la alfabetización digital. Esto crea un entorno en el que la desinformación y la manipulación son especialmente efectivas.

La legislación chilena en materia de protección de datos sigue siendo deficiente. Aunque la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada fue pionera en su época, ha quedado obsoleta frente a los desafíos del siglo XXI. Se necesitan reformas que alineen la normativa con los estándares internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, para garantizar una mayor protección a los ciudadanos.

Hacia una nueva conciencia digital.

El Día Internacional de la Protección de Datos Personales es una oportunidad para reflexionar sobre el poder que tienen los datos en la era digital y la responsabilidad de protegerlos. En Chile, esto requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.

Por un lado, el gobierno debe impulsar una legislación robusta que garantice la privacidad de los ciudadanos y sancione el mal uso de la información. Por otro, las empresas deben asumir un compromiso ético con la gestión de los datos y ser transparentes sobre cómo los utilizan. Finalmente, la ciudadanía debe educarse para comprender cómo funcionan las redes sociales y exigir sus derechos en el entorno digital.

En un mundo donde la información es poder, proteger nuestros datos es proteger nuestra democracia y nuestra libertad. En Chile, el camino por recorrer es largo, pero el primer paso es tomar conciencia y actuar.